(Ponencia en la Conferencia Informática 2000 del BID, en la II Cumbre de las Américas, Santiago de Chile)
Carlos A. Afonso (*) -- Abril, 1998
Abundan los ejemplos de la creciente importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales-- ONGs (o, como prefiere el BID y algunos otros organismos multilaterales, las OSCs-- organizaciones de la sociedad civil). Se trata de un abanico muy amplio de entidades civiles, la amplia mayoría efectivamente autónoma con relación a Estado y mercado, y algunas creadas ad hoc para servir intereses de políticos o de los mismos gobiernos.
En Brasil se estima que existan registrados más de 200 mil organismos privados sin fines de lucro, incluyendo también entidades que nada más son que medios para permitir el lavado de dinero de políticos y empresarios. Pero también hay muchas miles de entidades activas efectivamente autónomas, trabajando por las causas de la justicia social, los derechos humanos, el crecimiento económico harmónico con la preservación ambiental, los derechos políticos– en síntesis, lo que el PNUD trata de abarcar en su concepto de “desarrollo humano sustentable”.
Esta presencia activa de las ONGs está en practicamente todos los sectores, de la pequeña (pero significativa) escala local a la internacional. En la favela de Mangueira, en Río, la organización comunitaria local ha creado formas novedosas de prevención de la violencia entre los jóvenes con la creación de facilidades para práctica organizada de deportes, educación básica que apunta a la profesionalización y otras actividades que hacen de esta comunidad un ejemplo de lucha por el desarrollo humano y la paz– cubriendo una crónica deficiencia y obligación del Estado en la garantía de educación básica de calidad a todos los jóvenes. Ejemplo de esta acción local que busca soluciones a la falta de respuesta de gobiernos están en practicamente todas las grandes ciudades de América Latina.
En el campo internacional, nadie ignora la actividad de organizaciones como Greenpeace, Amnesty International y otras en el campo de la defensa de los derechos ambientales y humanos a nivel internacional. Más de 50 mil ONGs en el mundo utilizan los servicios de la red alternativa de computadoras creada desde 1990 por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, un consorcio mundial de entidades civiles dedicadas a la democratización del acceso a la tecnología de redes.
La APC, bajo la iniciativa de uno de sus miembros (IBASE, de Brasil), ha introducido la tecnología Internet para democratizar acceso a la información en las conferencias de Naciones Unidas a partir de la Eco ‘92. La APC ha desde entonces sido responsable por los servicios Internet a las ONGs en las más importantes conferencias de ONU (Viena, Cairo, Copenhague, Beijing y otras), y se ha ganado el status de miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC).
En Brasil, una ONG (IBASE) ha sido pionera en la diseminación de la tecnología de redes hacia afuera del ámbito académico, y ha influido decisivamente en la definición de la política nacional de desarrollo de Internet.
Por fin, ahora mismo, en abril del 1998, los gobiernos de los países más poderosos del mundo experimentan el poder de movilización de las ONGs, que por iniciativa de más de 500 entidades civiles canadienses, han creado un movimiento mundial en contra del Acuerdo Multilateral sobre la Inversión– MAI.
El resultado ha sido el bloqueo efectivo a la firma del acuerdo por parte de los miembros de la OCED (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), postergando en por lo menos un año una decisión claramente perjudicial a los intereses nacionales sobretodo de los países en vías de desarrollo en el Sur.
El llamado “tercer sector”, con toda esa gama creativa, de gran alcance y creciente efectividad, puede así ser odiado, amado o sencillamente respetado por los políticos, gobiernos u organismos multilaterales– pero ya no puede, de ningun modo, ser ignorado.
Por otra parte, el poder de movilización internacional creciente, en que un número cada vez mayor de organizaciones integran internacionalmente sus actividades vía las redes de computadoras en torno a programas comunes, hace con que sea cada vez más dificil debilitar a este sector por la mera represión directa o legislación de control.
A su vez, organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el BID y varios otros abren espacio para escuchar representantes de ONGs (y este evento es un claro ejemplo) e incluso proponer iniciativas comunes. Esto eventualmente se concretiza en proyectos locales o nacionales que ponen a las ONGs como organización social alternativa para realizar tareas que se esperaría de un Estado ineficaz y que cada vez más tiene otras prioridades.
En esta relación importante pero dificil, estos organismos son confrontados con el hecho que sus “dueños” son los gobiernos de los países que más “leverage” tienen en la toma interna de decisiones, y sus proyectos con ONGs no pueden contrariar claramente intereses de gobiernos locales o nacionales.
Así, mismo que las camadas ejecutivas de esas instituciones identifiquen la importancia de esas formas alternativas de trabajo para la realización mucho más eficaz de sus eventuales planes de desarrollo social, sus Consejos directores terminan por no permitir la correspondiente alocación de recursos necesaria a la plena realización de esa “partnership” con el tercer sector. Es una situación de esquizofrenia de la cual no se libran facilmente los organismos multilaterales.
Del lado de las ONGs, a la vez que son llamadas por esos organismos a discutir las posibilidades de trabajo conjunto, en la mayoría inmensa de los casos no encuentran el espacio de diálogo correspondiente junto a sus gobiernos. Eventualmente, muchas ONGs terminan por ser organizaciones al servicio de un organismo multilateral realizando tareas que son de responsabilidad constitucional y moral del mismo Estado, mientras no pueden tener acceso al proceso de decisión nacional que ha conducido a la situación de necesidad o injusticia que se busca corregir después de los hechos. En casos extremos, los mismos gobiernos acaban estimulando la creación de ONGs ad hoc para responder a propuestas de organismos internacionales. Son ONGs “proforma” apenas– de hecho, organismos acríticos al servicio de gobiernos.
Las mismas ONGs no siempre logran livrarse de esa situación de esquizofrenia. El hecho concreto es que en la medida que sus actividades requieran procesos más complejos y por lo tanto recursos humanos más calificados y tecnologías más avanzadas, ya no pueden mantenerse apenas con contribuciones voluntarias o cada vez más escasas donaciones de agencias de apoyo. Al depender de donaciones, las ONGs se ponen vulnerables a la cooptación por gobiernos y organismos internacionales. Es un hecho que en los últimos trés años por lo menos se ha desatado una escasez creciente de recursos de agencias donantes a las ONGs de Latinoamerica, conducindo a un proceso de búsqueda de alternativas de autosostenimiento que en varios casos termina por desvirtuar la misión de las entidades.
Muchas terminan por ofrecer servicios de consultoría a organismos del mismo gobierno cuyas políticas se proponen a combatir. Un ministro que contrata una ONG asegura por ejemplo que esta no publicará artículos en contra de sus políticas. Otras entidades buscan soluciones de venta de servicios o productos en el mercado, introduciendo valores normalmente ajenos a la misión de esas entidades– las consecuencias son fáciles de imaginar.
Las soluciones a esas contradiciones obviamente no son triviales. No hay, por ejemplo, en América Latina, una tradición en sus sociedades del apoyo individual a organismos de defensa de sus intereses. En países avanzados, las ONGs en muchos casos han desarrollado mecanimos eficazes de sustentación por la contribución individual masiva (pequeñas cantidades, gran número de contribuyentes) de asociados.
Esto, a la vez que refuerza la representatividad, garantiza una gran independencia para la preservación de la misión. Pero en muchos países la misma legislación fiscal no estimula este tipo de apoyo. En Brasil, por ejemplo, el gobierno ha eliminado los “tax breaks” para individuos que contribuyen a entidades sin fines de lucro, y ha restringido bastante estos incentivos por parte de empresas.
Claro está que hay encrucijadas en el camino que requieren de mucha discusión y decisiones concertadas para que la independencia del tercer sector siga correspondiendo a su creciente importancia en la defensa y avance de los derechos sociales y el desarrollo humano.
Cabe a organismos como el BID y otros ampliar y dar más soporte a la participación efectiva de las entidades civiles en los procesos de planeamiento y decisiones en todos los espacios donde eso sea posible. Cabe a las ONGs luchar por preservar y ampliar esos espacios. Cabe a los gobiernos entender la importancia para la democracia de la presencia responsable de las ONGs en el proceso de desarrollo humano.
En 1998, Carlos A. Afonso era presidente del Consejo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Es consultor de proyectos de redes para fines sociales y co-fundador del Instituto Brasileño de Análises Sociales y Económicos (IBASE). Es Master en Economía del Desarrollo y ha cursado el doctorado en Pensamiento Social y Político (ambos por York University, Toronto, Canadá).